Mucha gente cree en las palabras de aquellos que nos gobiernan. Otros influidos por los medios masivos de comunicación como es el caso de las televisoras y radiodifudoras comparsas del sistema, piensan y sienten que México va viento en popa.
En vísperas de las celebraciones por el centenario de la revolución y bicentenario de nuestra independencia, cabe hacerse la pregunta de ¿si realmente se ha hecho justicia a los campesinos que en busca justicia y un pequeño espacio donde sembrar dieron sus vidas en pro de la revolución? y si ¿realmente es muy diferente la vida de los miles de jornaleros que trabajan de sol a sol en los campos a la que tenian hace 100 años? Por aquellos que piensan que en México hay motivos para celebrar la revolución aquí una nota del periódico la jornada que nos muestra un "pequeño" ejemplo de la corrupción y prepotencia en que se vive actualmente, mientras otros con sus discursos de campaña nos siguen vendiendo la idea de un México feliz.
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Hace cinco años el propietario de Granjas Ryc, José Ramón Lozano Traslosheros, recibió su primera “compensación” por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa): 24 mil pesos 275 pesos por la producción de 381 toneladas de maíz. Cinco años después, la “compensación” se incrementó en 8 mil 39 por ciento, con casi 2 millones de pesos por 5 mil 207 toneladas de sorgo entregados por el gobierno federal.
La empresa ha aumentado año con año los recursos que recibe de la Federación, según consta en el informe 2004–2008 de beneficiarios de esos apoyos compensatorios de la Sagarpa, del que se dejó fuera a productores de café de la Sierra Norte y se benefició a consorcios, empresarios y organizaciones priistas.
La empresa Ryc también ha sido beneficiada por organismos internacionales como el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas, que le permitió instalar en sus granjas biodigestores para deshacerse de las miles de toneladas de excremento que producen sus miles de cerdos, y así reducir el gas metano y obtener energía eléctrica para sus instalaciones porcícolas. Un beneficio al que no cualquier empresario accede.
El negocio Ryc comenzó en el año 1983 como una distribuidora, pero 27 años después cuenta con una cadena de tiendas, una fábrica de carnes frías y embutidos, un complejo agropecuario productor de cerdos y una planta frigorífica con la certificación TIF 142, además de los biodigestores y la planta para poder transformar el metano en electricidad, con los cuales comercializa más de 2 mil 500 toneladas de carne tan solamente en un mes; sin embargo, como sucede en casos similares, la generación de empleos de esta empresa no ha crecido al mismo ritmo; en 1983 comenzó con 10 empleados; hoy cuenta con menos de 200.
El empresario ahora firma “cartas de intención” para comprar la producción de 15 mil toneladas de sorgo a productores poblanos de seis municipios de la Mixteca, como ocurrió en junio de 2009, el año en que recibió un millón 975 mil pesos de recursos públicos por 5 mil 207 toneladas de sorgo.
Otro caso similar es el negocio de la extinta multimillonaria Socorro Romero Sánchez, cuya empresa del mismo nombre, dedicada a los sectores avícola y porcino, incrementó las compensaciones que recibe de la Federación 115 por ciento entre 2004 y 2009, al pasar de un millón 66 mil 485 pesos a 2 millones 303 mil pesos por varias miles de toneladas de maíz y sorgo.
El consorcio de Romero Sánchez fue acusado en 2008 por indígenas de la etnia chocho de Coixtlahuaca, Oaxaca, de abusar de la marginación de esa comunidad, pues la empresa instaló una fábrica de cerdos en ese municipio, pero jamás contó con los permisos ni estudios de impacto ambiental, no pagaba impuestos y ni siquiera respetaba la Ley Federal del Trabajo.
Los indígenas oaxaqueños la acusaron de sólo crear 30 empleos, cuando se habían ofrecido cientos, de los cuales sólo ocho eran para habitantes del lugar; el resto de los trabajadores venía de Tehuacán, Puebla, donde el consorcio tiene su sede; además, la empresa les hizo firmar un convenio de comodato con el que se busco eludir cualquier posibilidad de asociación empresarial con la comunidad por el usufructo de 23.9 hectáreas de terrenos comunales durante 30 años, a cambio de 350 mil pesos; es decir, la comunidad sólo recibió unos 41 pesos mensuales por 10 mil metros cuadrados durante 30 años.
Por si fuera poco, la comunidad padece la contaminación que producen los excrementos y orines de 30 mil cerdos, ya que las aguas residuales son “donadas” por la empresa Socorro Romero para sembrar los campos sin el tratamiento adecuado.
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